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Atributos deseados

El análisis de calidad de los servicios de administración de justicia, puede abordarse con un enfoque de demanda (percepción del usuario) o con un enfoque de oferta (servicios, procesos, recursos). Mientras en el primer caso se evalúan los servicios desde una perspectiva personal y social, atendiendo a las expectativas, nivel de satisfacción del usuario y teniendo en cuenta las características socio-económicas de la población; en el segundo caso, la calidad se define por las normas del servicio fijadas por la Ley (Códigos y Procedimientos), por las normas dadas por las propias entidades del SAJ en relación a sus procesos internos y por los estándares de calidad de los recursos administrativos y jurisdiccionales.
 
En el Sistema de Administración de Justicia todas las entidades han abordado con distinto nivel de extensión y profundidad el diagnóstico de sus servicios, procesos y recursos, en buena parte dentro del planeamiento y gestión institucional. Por ello, se han definido como atributos deseables de calidad de la administración de justicia los siguientes:
 

  1. Celeridad.Se refiere a la utilización del mínimo de tiempo posible en la obtención de una decisión judicial. Debe asegurar el equilibrio entre la eficacia del proceso judicial y la protección de los derechos humanos mediante el respeto al debido proceso.
  2. Acceso. Se refiere al nivel de acceso económico, físico (geográfico-vial), cultural (idiomático, género, etc.) y a la organización (trato directo, turnos, horarios, etc.) que tienen los litigantes para ser atendidos en los servicios de administración de justicia. Se tendrá particularmente en cuenta las disparidades sociales que están en la base de un tratamiento no igualitario a los litigantes.
  3. Imparcialidad. Consiste en poner entre paréntesis las consideraciones subjetivas del Juez, buscando asegurar las condiciones psicológicas, anímicas, de estabilidad socio-política y equilibrio para que aquel emita un juicio objetivo. El Juez como persona, posee un conjunto de valores que se explican por su origen, posición social, formación, cultura, etc., los cuales inciden en sus resoluciones judiciales. La ley pretende garantizar el máximo de objetividad en el enjuiciamiento de los casos, instaurando mecanismos dirigidos al propio Juez (abstención) como a las partes (recusación) para reducir y/o eliminar la posible falta de objetividad.
  4. Predictibilidad. Es el principio de seguridad jurídica y se refiere al nivel de certeza respecto a los resultados de las decisiones judiciales en casos cuyas características y tratamiento jurídico y procesal son similares a casos anteriores. La certeza permite crear las bases para generar confianza en los administrados frente a las actuaciones del SAJ y reduce los espacios para la arbitrariedad, que genera corrupción.
  5. Proporcionalidad. Se refiere a la relación en términos de cantidad y calidad, entre el daño (social) producido y la pena impuesta.
  6. Ejecutabilidad. Se refiere al cumplimiento oportuno y eficaz de los mandatos judiciales (ejecución de sentencias) por las instancias correspondientes.
  7. Transparencia. Se refiere a la disponibilidad de información sobre los procesos judiciales que permita que la sociedad y los medios de comunicación monitoreen la actividad de la administración de justicia, y ello permita poner al descubierto malas prácticas o actos de corrupción. Está asociada a la capacidad de independencia judicial y a la rendición de cuentas al ciudadano.